El documento No a la Ley Antiprotesta. Un análisis del anteproyecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana muestra los graves riesgos que conlleva este proyecto de ley para los derechos de libre expresión y de reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española.
Según el análisis realizado por Greenpeace, las reformas que los Ministerios de Justicia e Interior están llevando a cabo, que incluyen la ya aprobada Ley de Tasas y la reforma del Código Penal que se está discutiendo en el Congreso, son una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis del sistema actual.
De manera especial, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana está plagado de referencias a nuevas formas de expresión del descontento ciudadano (escraches, oposición a desahucios, grabación de la acción policial, acampadas...) incorpora infracciones que describen el tipo de actividades que Greenpeace suele utilizar en sus acciones pacíficas: escalamiento de edificios públicos (infracción grave), bautizada como “cláusula Greenpeace”, o las manifestaciones no comunicadas “en infraestructuras críticas o en sus inmediaciones”, como centrales nucleares (infracción grave).
Entre las conclusiones, Greenpeace ha resaltado las graves deficiencias del anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana:
- La vulneración de los derechos de libre expresión y reunión.
- El aumento de la indefensión debido a la ausencia de tutela judicial.
- La arbitrariedad de la ley.
- La inseguridad jurídica debido a la vaguedad e imprecisión del texto.
- La equiparación de la autoría de un delito con su convocatoria.
- El aumento de las sanciones y la desproporcionalidad del régimen sancionador.
- El regreso al listado de vagos y maleantes, con un Registro de Infractores.
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