Reforma en el sistema eléctrico

Fuente: Ecodes

Artículo publicado por Rodrigo Herrera Vegas, co-fundador de sustentator.com.

El gobierno español ha optado por, en lugar de favorecer y premiar a quienes apuestan por un futuro mejor con el uso presente de energías renovables, perjudicarlos con multas que llegan a los 60 millones de euros. 

ANTES DE LA POLÉMICA

Es necesario conocer cuál era la situación anterior a la reforma gubernamental. El sector de las energías renovables ha tenido en España un rápido y fructífero crecimiento gracias a la conjunción de tres vectores que actuaron en la misma dirección: la insistencia del movimiento ecologista de avanzar en esta línea; la regulación hecha por diferentes gobiernos que favorecía el desarrollo del sector; y el mercado que invirtió de forma importante permitiendo la aplicación de nuevas tecnologías.

Este trabajo en conjunto de los tres actores colocó a España como uno de los países líderes en renovables a nivel mundial no sólo como productores sino también como desarrolladores de tecnología. La energía fotovoltaica que recibía primas (ayuda que se cobra por vender su energía al sector eléctrico) pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora desde 2007 a 2010, según datos de la Comisión Nacional de Energía.

Pero algo había faltado en todo este óptimo progreso: El tema del autoconsumo prácticamente no contaba con regulación. Ello dejó el escenario libre para la triste medida actual.

LA REFORMA

La reforma plantea básicamente dos cosas. Por un lado, el fin de las primas a las renovables, lo que deja a muchos inversores en el aire y con una notable incertidumbre. Por otro, una herida de muerte al sistema de autoconsumo que pasa a ser penalizado con unos peajes que lo hacen inviable. En el primer caso, el gobierno autorizó el recorte de 2.700 millones de euros anuales de forma retroactiva en determinadas actividades que incluyen (claro está) la producción de renovables.

En el segundo caso, se sube el impuesto (peaje) en un 6.6% a los consumidores que generen electricidad a partir de los paneles solares y la conecten al sistema nacional. Es decir, ya no resultaría eficiente económicamente para los ciudadanos basarse en el sistema de autoconsumo energético solar, tal como aseguró en un comunicado la Unión Española Fotovoltaica (UNEF): De implantarse estos cambios, sería más caro el autoconsumo solar que recurrir al suministro convencional.

Lo curioso es que en 2005 el propio ministerio de Industria español convocó a los ciudadanos a invertir en las denominadas "huertas solares" y la fotovoltaica en general para obtener ganancias y optimizar sus usos. Así, las instalaciones se podían conectar a la red y producir energía y otras, más aisladas, servirían para señalización, aplicaciones agrícolas y viviendas. Varios ciudadanos españoles apostaron por este proyecto incluso para ahorrar el dinero necesario para poder enviar a sus hijos a la universidad.

Con la nueva reforma, esa campaña parece haber quedado en el olvido e incluso el gobierno abrió la posibilidad que aquellos inversores que no puedan adaptarse a las nuevas condiciones piensen en pedir un rescate voluntario.

¿A dónde tiene lugar la multa? Si el gobierno advierte que un ciudadano está recogiendo fotones de luz para su propio consumo, puede llegar a multarlo por hasta 60 millones de euros. Ello será posible porque, de ahora en más, cada usuario deberá registrarse y abonar el denominado "peaje de respaldo" (impuesto agravado). ¿Estamos hablando entonces de "delincuentes solares"? ¿A dónde quedó la posibilidad del autoconsumo, la independencia y la sustentabilidad? La consecuencia fue directa: muchos españoles comenzaron a quitar los paneles solares de sus tejados.

Se frena el desarrollo de las renovables, se elimina de facto la posibilidad de autoconsumo y se perpetúa un modelo que ha demostrado ser insostenible desde el punto de vista económico (por el déficit de tarifa), social (por la dependencia del ciudadano a la compañía eléctrica) y ambiental (se para el camino hacia un futuro renovable).

EL FUTURO INCIERTO

Uno se pregunta casi gritando "¿Por qué?" y pareciera que la respuesta se encuentra lamentablemente en los negociados que algunas empresas privadas establecen con los gobiernos de turno. Según los analistas españoles, las grandes empresas eléctricas estaban viendo peligrar sus márgenes de beneficio y su modelo de negocio ante el favorable incremento de la energía solar en los hogares, pero también auguran que la reforma busca recaudar fondos para hacer frente a una deuda de 26.000 millones que el gobierno contrajo con los productores de energía. Así, la posibilidad de producir la propia energía que se consume ha sido vista por empresarios y gobernantes como una desventaja en lugar de un avance hacia la sustentabilidad del país.

Un dato no menos importante: las cinco grandes compañías eléctricas españolas tienen un margen de beneficio que duplica al de la media del resto de empresas eléctricas europeas.

¿Cómo se reestructura ahora la instalación de paneles solares? Esta es precisamente una de las grandes incógnitas que abre la reforma ya que se penaliza y se persigue el autoconsumo pero no se sabe aún como se retribuirá la producción. La polémica ya comenzó en España y en la comunidad internacional. El debate debería incluir a todos los actores involucrados: políticos, empresarios y, no se olviden, los ciudadanos.