El día que se cumplen exactamente dos años desde la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Ecologistas en Acción presenta el “Análisis de mitad de la legislatura en materia de Medio Ambiente”. Han sido tantos los cambios en normativa ambiental y políticas públicas relacionadas, que resultaba necesario estudiarlas en perspectiva. El balance apunta a un retroceso de dos décadas.
“Hemos visto un auténtico desmantelamiento de las protección ambiental”, resumió Paco Segura, uno de los coordinadores de Ecologistas en Acción. “Se han aprobado o modificado leyes con el objetivo último de hacer negocio con los recursos naturales de todos”, explica, poniendo como ejemplo una Ley de Costas que incluye excepciones a medida y privatiza de facto grandes cantidades de terreno en el litoral.
Es precisamente esa ley la que marcó el inicio de la “avalancha de la desprotección”, como explica Nerea Ramírez, otra de las coordinadoras. Le siguieron otras reformas muy significativas, como la Ley de Parques Nacionales, que se aprobará en breve y todo parece indicar que permitiendo actividades de alto impacto en los lugares más “sagrados” para la naturaleza. O como la Ley de Impacto Ambiental y sus bancos de conservación, que meten la biodiversidad en la lógica del libre mercado.
“Se registra una mercantilización de bienes esenciales, el agua, los caladeros, los ecosistemas. Los mercados están ávidos de nuevos nichos aunque nos llevemos por delante los propios fundamentos del mantenimiento de la vida”, explica Theo Oberhuber. La creación de empleo que se deriva de estos cambios es muy limitada, las sospechas de puertas giratorias, en cambios, son grandes.
Los cambios y leyes no solo han llegado del Ministerio de Medio Ambiente sino también de otras carteras y administraciones. Y muchos de ellos van totalmente en contra de lo que pide la ciudadanía. Es el caso de la reforma eléctrica a costa del bolsillo de todos y de la producción de energía renovables. Y también es el caso de los planes de prospecciones petrolíferas en Canarias y Baleares o del fracking frente al rechazo generalizado.
La sociedad no solo asiste a la desregulación ambiental, sino que tiene cada vez más difícil protestar contra ella. Las crecientes dificultades de acceso a la justicia se unen a planes como el de la Ley de Seguridad Ciudadana, que también obstaculizará la contestación social y ecologista.
En definitiva (como puede contrastarse de forma más amplia en el informe los cambios que se han llevado a cabo durante estos dos años nos retrotraen a una situación de hace más de dos décadas. Una auténtica involución de la política ambiental.
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