Actualmente no se controla la presencia de fármacos en el agua que distribuyen las redes públicas. Sin embargo, todos los análisis que se realizan a nivel local detectan la presencia de trazas importantes de medicamentos, que pueden incluir antibióticos e incluso otros más potentes, como los antidepresivos aunque, por suerte, en menor proporción.
Las organizaciones medioambientales están cada vez más preocupadas por los efectos de esta contaminación para los ecosistemas y la salud humana. Y, por primera vez, la industria del tratamiento y distribución del agua parece estar dispuesta, también, a considerar nuevas medidas para evaluar la calidad del líquido que llega a nuestros hogares.
Como consecuencia directa del cada vez mayor consumo de productos farmacéuticos en las sociedades ricas, las aguas superficiales contienen muchas sustancias terapéuticas, entre las que se cuentan también productos veterinarios usados masivamente por el sector ganadero.
Nuestro organismo rechaza más de la mitad de los principios activos suministrados por los fármacos y el resultado es que dicha parte acaba en las aguas residuales, que las plantas de tratamiento de aguas superficiales no están diseñadas para tratar. La existencia de este tipo de contaminación está claramente demostrada, pero todavía no está sujeta a una reglamentación específica.
La propuesta de la Comisión Europea de revisión de la vigente Directiva Marco del Agua, realizada este verano, no incluyó las drogas entre las 50 sustancias cuya vigilancia en el agua es prioritaria. El Parlamento Europeo sí votó en 2012 a favor de incluir los fármacos en el control de la calidad del agua “basándose en la evidencia científica que estos pueden presentar riesgos para la salud”, pero los estados continúan alegando una supuesta “incertidumbre” desde el punto de vista de la ciencia al respecto.
Toxicidad crónica
Se reconoce una falta de datos sobre la exposición a la toxicidad crónica y su correcta evaluación. Las ONG medioambientales son más propensas a considerar la evidencia de los efectos nocivos de los fármacos, en particular los disruptores endocrinos (SAE), cuyos efectos son acumulativos.
Por su parte, la industria del tratamiento de aguas ya está trabajando para evaluar la toxicidad biológica del elemento, es decir, para medir los efectos tóxicos directamente sobre los organismos que viven en la misma en lugar de buscar sustancias tóxicas en su composición. Teniendo en cuenta la dificultad de rastrear miles de moléculas, la tendencia camina hacia una comparación completa de la toxicidad, en vez de hacerlo sustancia a sustancia. Un análisis sustancia a sustancia sería igualmente ineficaz, ya que no tendría en cuenta los "efectos cóctel".
Para llevar a cabo estos análisis, las empresas cada vez tienen más herramientas a su disposición. El coste del tratamiento es uno de los principales frenos a la regulación de la presencia de medicamentos en el agua. Esto explicaría, en parte, la resistencia de la Unión Europea a legislar sobre el tema.
Una posible solución pasaría por una regulación más estricta de las condiciones de autorización de nuevos medicamentos, que deberían tener en cuenta su impacto en el medio ambiente, un punto sobre que, por el momento, prefieren no manifestarse las asociaciones europeas de la industria farmacéutica, cuya capacidad de influencia sobre el mundo político no es menor.
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