Hace pocos días, en el post Informe Lugano, se hablaba de cómo las grandes multinacionales están dispuestas a suprimir la democracia en todo aquello que entorpezca sus planes de dominio.
Ahora podemos ver un ejemplo en las negociaciones que se están llevando entre la UE y los EEUU sobre el Tratado de Libre Comercio que van a firmar proximamente.
Desde junio de 2013 la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de EE UU están negociando una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) o TTIP, según las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership.
Una de las mayores polémicas se suscita en torno a la puesta en marcha del Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), uno de los principales objetivos del acuerdo.
Tanto desde las 50 organizaciones sociales europeas que han suscrito un Mandato de Comercio Alternativo como desde el Corporate Europe Observatory (CEO), un observatorio de lobbies y corporaciones radicado en Bruselas, se apunta a que las negociaciones se están llevando a puerta cerrada y que no “hay textos que den a conocer el tratado al público a pesar de que los acuerdos afectan a los ciudadanos tanto como cualquier ley que se debate públicamente”, según recoge el Mandato de Comercio Alternativo.
Los lobbies, que en su gran mayoría defienden los intereses de las principales empresas transnacionales en sectores como el financiero, la propiedad intelectual o la extracción de energía han marcado un objetivo común en la redacción del tratado. Es la llamada “cooperación reguladora”, o la aprobación de una cláusula que abra de par en par la participación de estos grupos de presión en los procesos de redacción de normativas y legislación, uno de los aspectos más controvertidos del proyecto.
Campaña en contra
Campaña en contra
Desde diferentes movimientos sociales y sindicales a nivel internacional se está llevando a cabo una campaña para parar las negociaciones del tratado por la ofensiva al conjunto de derechos que persigue. En febrero, en Madrid tuvieron lugar unas jornadas de la asamblea abierta contra el TTIP y se están creando plataformas en varios territorios del Estado. Estas jornadas detallaron cómo el TTIP y los lobbies corporativos van a afectar a las políticas de inversiones y derechos laborales, la agricultura y la alimentación, la cultura y los derechos de propiedad intelectual, la contratación pública, la sanidad pública, la fiscalidad, el medioambiente y va a suponer una vuelta de tuerca sobre la desregulación del sector financiero.
Seis claves sobre el acuerdo
Seis claves sobre el acuerdo
Soberanía
El TTIP establece limitaciones a la soberanía de gobiernos electos. El posible temor a demandas por parte de las empresas se interpreta como elemento disuasorio para la puesta en práctica de políticas que contravengan los intereses de las grandes transnacionales.
Irreversibilidad
El Acuerdo "fija" las opciones normativas y otorga a las grandes empresas amplias facultades para impugnar nuevas leyes. Tras la puesta en marcha de acuerdos comerciales resulta más difícil modificar la legislación nacional ordinaria.
Sectores estratégicos
El acuerdo apunta especialmente a la mayor apertura a los mercados de sectores clave como la energía o las patentes. También supone un ataque al concepto de soberanía alimentaria.
Financiarización
Las actuales negociaciones del TTIP vuelven a potenciar la desregularización de los servicios financieros, apostando por la eliminación de las restricciones en materia de transacciones financieras y comercio de productos derivados.
Colonialismo financiero
La Asociación Transatlántica para el comercio y la Inversión fija una regulación financiera que se expande más allá de las fronteras de EEUU y la UE. El objetivo es que otros países no se desvíen de los estándares marcados por Wall Street, Frankfurt y la City.
Mecanismo ISDS
El acuerdo gira en torno al llamado Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS), normas para proteger la seguridad jurídica de los inversores que incluye disposiciones como restricciones sobre la expropiación o la libre transferencias de fondos.
La UE y EEUU han avanzado en el acuerdo con total falta de transparencia: la mayoría de los textos negociados son secretos, incluso el propio mandato negociador. Algunas partes del acuerdo no verán la luz hasta que se hayan acordado y deban ser ratificadas. O al menos eso pretenden, ya que gracias al trabajo de entidades de la sociedad civil y grupos políticos se han filtrado borradores del acuerdo y aspectos muy importantes de las negociaciones.
Como dice el pemio Nobel Joseph Stiglitz sobre la negociación clandestina de TTIP, no se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo.
Por lo que sabemos hasta ahora, el impacto negativo de este acuerdo va mucho más allá de los efectos sobre nuestras vidas y el medio ambiente. Es un ataque a la soberanía popular con el que se pretende reducir estándares ambientales, sociales y laborales e incrementar los privilegios a las corporaciones en un solo acuerdo. Estamos ante un nuevo instrumento demoledor del neoliberalismo desregulador, que va más allá de los acuerdos bilaterales vistos hasta ahora.
Uno de los puntos más preocupantes es el mecanismo que utiliza el TTIP para la solución de controversias inversor-Estado: permite a los inversores estar al margen de la justicia y presentar sus quejas directamente a los "tribunales de arbitraje", a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Este mecanismo existe en otros acuerdos comerciales bilaterales y aplicado a un área EU-EEUU puede significar costes millonarios para decisiones de los Estados en defensa de los servicios públicos o de una mayor regulación.
EEUU pretende que las empresas puedan denunciar a los Estados si aprueban una Ley que perjudique a la actividad empresarial que se hubiera aprobado anteriormente. Si una empresa obtiene el sí de un país para extraer gas en su suelo a través de la técnica del fracking, y posteriormente el Estado decide prohibir esa práctica, la empresa podrá denunciar al país ante un organismo al margen, que crearía el Tratado. Y así se crearía un organismo que podría pasar por encima de los gobiernos.
Tenemos ejemplos como el de la aseguradora sanitaria holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia por supuesto "lucro cesante" cuando este país paralizó el proceso de privatización de la sanidad. Australia y Uruguay tuvieron que indemnizar a Philip Morris cuando estos países aprobaron legislaciones antitabaco más restrictivas. La petrolera estadounidense Occidental recibió 1.770 millones de dólares cuando Ecuador puso fín a un contrato por incumplimiento y Canadá tuvo que pagar por una moratoria al fracking. Ejemplos de cómo un tratado puede hipotecar el futuro democrático, económico, ambiental y social de "Estados de derecho".
Otro de los efectos del TTIP sería la pérdida de control regulador. La idea detrás de este objetivo es simple, "si es bueno para nosotros, ha de ser bueno para ellos", como afirmaban los productores de carne hormonada en EEUU escandalizados por su prohibición en la UE por cuestiones sanitarias. Las grandes empresas pretenden atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Son evidentes las consecuencias sObre nuestra salud y medio ambiente. El objetivo es desregulas o igualar estándares ambientales por abajo.
El TTIP amenaza importantes aspectos de los principios y protecciones existentes en salud pública: desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los servicios sanitarios hasta el control y regulación del sector de la alimentación y los productos sanitarios. No se pueden ignorar las enormes consecuencias de una convergencia regulatoria: en EEUU domina una aproximación de libre comercialización hasta que la evidencia científica no demuestre su carácter nocivo, en la UE predomina el principio de precaución frente a nuevos productos. La diferencia es sustancial.
En el ámbito laboral, la situación es exactamente la misma: se rebajaría la protección si tenemos en cuenta que EEUU no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT.
El ataque al modelo social europeo no viene solo de la Troika, sino también del impulso de tratados como este. Los think-tanks conservadores ya han empezado una gran campaña a favor del TTIP, basada en un único punto: más comercio, más empleo.
Hoy, luchar por una democracia real, por la defensa de los servicios públicos, contra el fracking, por la soberanía energética, por el trabajo digno y contra el paro, pasa también por luchar contra el TTIP.
Esto no es sólo comercio. Esto es un "Nuevo Constitucionalismo", que garantiza derechos a los inversores por encima de los derechos de los ciudadanos. La institucionalización que necesita el neoliberalismo para consolidar su régimen. En definitiva, la pérdida de soberanía popular ante unos inversores que ya no respetan ni las normas más básicas del pacto social. El sueño neoliberal, la pesadilla democrática.
Esto también está en juego el próximo 25 de Mayo. En España, el TTIP todavía es un gran desconocido porque, como es habitual, algunos están muy interesados en esconder estos debates de fondo.
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