jueves, 20 de marzo de 2014

Estudio de la función de responsabilidad social en la empresa española

La responsabilidad social corporativa o empresarial (RSC o RSE) está experimentando un resurgir en España y ello supone que la figura del profesional responsable de esta área –el dirse– está llamada a cobrar cada vez mayor importancia en las compañías.
Como toda área que no cuenta todavía con una larga tradición, la RSC debe afrontar barreras importantes. Es el caso de la suspicacia y falta de colaboración por parte de otros departamentos, la ausencia de notoriedad interna y externa y, especialmente, la preeminencia de mecanismos de decisión cortoplacista en las organizaciones.
El gran reto de las empresas en esta materia es comprender que la RSC tiene un enorme potencial para gestionar los riesgos a largo plazo, participar en la elaboración del plan estratégico de la compañía y focalizarse tanto en la identificación de oportunidades de negocio como en la medición del retorno. Si hay una lección que debería haberse aprendido de esta crisis es que la visión a largo plazo tiene una función capital no solo el crecimiento de una compañía, sino especialmente en su consolidación.


La responsabilidad social corporativa (RSC) es un término que, aplicado al ámbito empresarial, trata de una responsabilidad de carácter ético, entendida como la gestión responsable de las organizaciones empresariales. En este sentido, es necesario destacar el Código de Buen Gobierno («code of good governance», en inglés). Es decir, el conjunto de recomendaciones sobre los principios y normas que deben inspirar el funcionamiento de las sociedades anónimas.

A partir de estas normas, cada empresa desarrolla sus respectivos programas de responsabilidad social. Desde un punto de vista práctico, entre los diferentes aspectos que suele abarcar la responsabilidad social de las empresas destacan los siguientes: 

  • los factores económicos y financieros de la actividad de la propia corporación
  • la responsabilidad hacia el medio ambiente (en el caso de la banca, las implicaciones sociales y medioambientales derivadas de su política de financiación, por ejemplo)
  • la satisfacción de los clientes (préstamos solidarios) 
  • la creación de valor por los accionistas (iniciativas que fomentan la participación de estos, más allá de la legislación de cada momento) 
  • las necesidades y aspiraciones de los empleados (formación continua, direccionamiento del talento) 
  • la relación con proveedores y colaboradores 
  • los efectos sobre las comunidades y los entornos en los que la empresa está presente.


Los índices de sostenibilidad son indicadores o familias de índices bursátiles cuyos integrantes, empresas cotizadas de todo el mundo, acreditan la gestión responsable a través de prácticas avanzadas en las distintas facetas que constituyen la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.

Uno de los índices de sostenibilidad más relevantes en el ámbito internacional es el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Este indicador cotiza diariamente. Desde su lanzamiento en 1998, se ha convertido en uno de los principales exponentes de una corriente que se ha venido a llamar inversión sostenible o socialmente responsable. Como requisito a su entrada en el DJSI, las compañías deben someterse a un análisis conducido por una agencia independiente. Este índice se revisa una vez al año, en el mes de septiembre.

También existen otros índices, como el FTSE4 Good, un indicador que engloba a las empresas que cumplan con estos requisitos: trabajar por una sostenibilidad medioambiental; desarrollar relaciones positivas con las partes interesadas; y defender y apoyar los derechos humanos universales. Este índice no incorpora valores que estén relacionados con el tabaco, el armamento o la energía nuclear.

martes, 18 de marzo de 2014

El medio ambiente sin defensa

  • Las reformas legales impulsadas por Ruiz-Gallardón entorpecen el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental
  • El proyecto de Ley niega a las organizaciones de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo
  • El derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución y las directivas europeas, queda en entredicho
  • Si el Parlamento no enmienda este proyecto de ley, las ONG enunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental
El proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, supone un duro golpe para la defensa del medio ambiente en España. En opinión de los principales grupos ecologistas, la propuesta del Gobierno perjudica seriamente la capacidad de las ONG ambientales y de la sociedad para defender el medio ambiente y el patrimonio natural.
Debe recordarse que las ONG ambientales defienden un derecho fundamental como es el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, reconocido en el artículo 45 de la Constitución Española y amparado por las directivas europeas y el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2005. Además, las normas internacionales obligan a que haya un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales.
Sin embargo, el proyecto de Ley elaborado por el ministerio de Ruiz-Gallardón dificulta a las ONG ambientales el poder beneficiarse de la gratuidad de la Justicia. En cambio, sí que introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas del terrorismo puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales.
La reforma de Ruiz-Gallardón introduce, además, nuevas trabas a la defensa del medio ambiente. La propuesta es que a partir del tercer caso anual haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales en todo el territorio y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones. Hay que recordar que algunos de los ataques más graves contra el medio ambiente en España han podido ser llevados ante la Justicia gracias a la actuación responsable de las ONG ambientales que han velado por el interés público.
Además, el proyecto de Ley exige el requisito de que el representante legal de la ONG tenga que ratificar personalmente cada recurso que se interponga y también obliga a las ONG a tener que acreditar de nuevo la insuficiencia de recursos en caso de condena en costas.
Un proyecto injusto
En definitiva, el proyecto de Ley de Ruiz-Gallardón introduce demasiadas incertidumbres y hace que el proceso judicial sea excesivamente oneroso, e incluso injusto y poco equitativo para las ONG ambientales, grandes o pequeñas, que en su gran mayoría no tienen ánimo de lucro, defienden fines de interés general y emplean sus recursos en defender un interés colectivo o difuso como es el medioambiental.
En opinión de las organizaciones ambientales, este proyecto de Ley de Justicia de febrero de 2014 gratuita vulnera el Convenio de Aarhus y la Directiva 2003/35/CE, pudiéndose entender que el Gobierno español sigue sin transponer esta última de forma adecuada.
Las ONG ambientales esperan que el debate parlamentario sirva para corregir el texto presentado por el Consejo de Ministros y ya están estudiando recurrir a la Comisión Europea y a otras instancias internacionales el incumplimiento por parte de España de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental. Como dice el Convenio de Aarhus, en su artículo 1 se debe “proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar”.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF

jueves, 13 de marzo de 2014

Contaminación por nitratos

El exceso de nitratos es un problema grave para la salud de las personas y para el medio ambiente. En los últimos 60 años se ha acrecentado debido al uso masivo de fertilizantes en la agricultura y a los residuos generados por la ganadería intensiva. 

La lixiviación de nitratos hacia el subsuelo puede contaminar los acuíferos subterráneos, creando graves problemas de salud si se consume agua rica en nitratos, debido a su transformación en nitritos por participación de unas bacterias existentes en el estómago y vejiga urinaria. A su vez los nitritos se transforman en ciertos compuestos cancerígenos (Nitrosaminas), que afectan al estómago e hígado. 

En la siguiente figura se muestra como al aumentar la dosis de fertilizante aumenta la lixiviación de los nitratos.

Respecto al consumo humano, la OMS recomienda para que el agua sea potable que la cantidad de nitratos no esté por encima de 50 miligramos por litro de agua. Sin embargo, no existe ninguna recomendación en cuanto el agua de bebida para los animales y esa cantidad de 50 mgrs por litro puede llegar incluso a ser tetal para ciertas especies. 

La ingesta de nitratos a través del agua de bebida afecta la salud de los animales. Tras la ingesta de agua con una carga de nitratos, al pasar parte de estos nitratos a la sangre son convertidos en nitritos y cuando su cantidad, en proporción al tamaño del animal, pasa de unos límites se produce la meta-hemoglobina , que reduce el transporte de oxígeno a las células del cuerpo por lo que se reducen los crecimientos, aumentan las enfermedades e incluso se llega hasta la muerte del animal. Reduciendo los nitratos del agua se minimizan estos efectos y es posible aumentar la productividad y rentabilidad de la granja.

Aunque la legislación europea establece que la máxima concentración de nitratos permitida en agua para consumo humano sea de 50 mg/L (Directiva 91/676/CEE, transpuesta a la legislación española a través del R. D. 261/1996), se tiende a avanzar hacia un límite menor, situándolo en 10 mg/L en el caso de la Agencia para la Protección  del Medio Ambiente Norteamericana (EPA). 

La osmosis inversa y las resinas de intercambio iónico, las dos tecnologías más extendidas hasta hoy para remover nitratos, presentan importantes problemas colaterales, tales como la generación de residuos de gestión compleja o el alto coste energético, lo que hace que estas tecnologías no se puedan aplicar de forma fácil y general en muchos casos. 

Recientemente se ha desarrollado un equipo capaz de transformar el nitrato en nitrógeno gas y evacuarlo a la atmósfera, en lugar de filtrarlo como hacen otras tecnologías, de lo que se deriva la gran ventaja económica y operativa de no tener que realizar ninguna gestión de residuos. Además es selectivo, ya que elimina exclusivamente los nitratos, permitiendo que otras sales , necesarias para el desarrollo humano y animal, permanezcan en el agua. 

En condiciones anaerobias, las formas oxidadas de nitrógeno, es decir, los nitritos y nitratos son reducidos a N20 y N2 por las llamadas bacterias desnitrificantes. Como los productos finales de la desnitrificación son gaseosos y muy poco solubles, tienden a escapar a la atmósfera, por lo que este proceso se traduce en una pérdida neta de nitrógeno. 

Este es el video explicativo del funcionamiento del equipo: